Respuesta a "Otro año negro para la Justicia" (Nota de opinión de "La Nación")

El 31 de diciembre del año que acaba de terminar “La Nación” sacó en su edición impresa, una nota de opinión titulada: “Otro año negro para la justicia.” (http://www.lanacion.com.ar/1651894-otro-ano-negro-para-la-justicia

)

En el mismo se presentan elocuentemente una serie de argumentos y ejemplos que sirven para demostrar que el 2013 fue uno de los peores años, sino el peor, para el poder judicial.

Se informa en el mismo que la presidenta “intentó replicar un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que pocos días antes había frenado la ilegal estatización del predio de la Sociedad Rural Argentina dispuesta por el Gobierno”

…

“Para la Presidenta, cuando un tribunal realiza el control de constitucionalidad previsto precisamente en la Constitución, se erige en un "superpoder" si resuelve en contra de la voluntad de la Casa Rosada. En realidad, es el Ejecutivo el que pretende erigirse en un superpoder al procurar, con la crítica y la ofensa públicas, asustar y dominar al Poder Judicial.”

Al parecer, según "La Nación", el debate respecto de los alcances del control judicial a los actos administrativos del ejecutivo no es uno en el que la división e independencia de los poderes entre realmente en discusión.  Sí es, en cambio, un tema que merece ser discutido seriamente por los administrativistas y constitucionalistas la utilización de la “critica y la ofensa publica” para "asustar y dominar al Poder Judicial" y terminar con la independencia del poder judicial; reserva última de coherencia de nuestro sistema institucional contra los embates del populismo y el poder antidemocrático de los votos.

Uno podría preguntarles, si es realmente con la “crítica y la ofensa publica” al poder judicial y a sus funcionarios como, a fuerza de susto, se rompe hermetismo autista que debe caracterizar a este poder ¿No podría interpretarse al artículo mismo al que nos estamos refiriendo como un intento de vulnerar la independencia de la justicia?

Calificar a Oyarbide como un juez que “hace mucho que tendría que haber sido removido por sus vergonzosas actuaciones”, señalar “los arbitrarios manejos de la Procuración General de la Nación,encabezada por Alejandra Gils Carbó”, criticar la aprobación de una nomina de candidatos a jueces “que está integrada por abogados de evidente relación con el kirchnerismo” ¿No puede ser entendido como un intento por parte de las corporaciones mediáticas de influir en el funcionamiento del poder judicial?

Talvez la respuesta venga de la mano de establecer "dos tipos de crítica", aquella que asusta y domina al poder judicial y aquella que no. Talvez tenga que ver con quien es el que realiza la crítica o con los contenidos de esa crítica. Talvez hay un susto bueno y un susto malo, una independencia buena y una independencia mala. Talvez el concepto de independencia, en su concepción, sea uno que apunte solamente a la separación de los poderes estatales entre sí y no impedir el sometimiento de la justicia a presiones mediaticas y corporativas, que debe ser aceptado como parte natural del funcionamiento del poder llamado "contramayoritario" (o sea, reducto de la oligarquía mas conservadora)-

Talvez argumenten que este poder privado no es uno “politizado debido a la elección” de sus miembros – mecanismo a menudo utilizado por el populismo kirchnerista para ir secuestrando poderes del estado - por lo que es seguro presumir la imparcialidad y objetividad de sus afirmaciones.

La Nación vendría a ser entonces una autoridad basada en la superioridad intelectual y técnica de sus periodistas que les permite ante cada situación, realizar a priori una interpretación del ordenamiento legal que sirva de criterio para juzgar el adecuado desempeño de los jueces en la resolución de conflictos.

La presidenta invertiría causas y consecuencias cuando: “tras dudar de la idoneidad del Poder Judicial, lo acusó de defender a las corporaciones”. La coincidencia de criterios del poder judicial y las corporaciones mediáticas no haría más que verificar la objetividad e imparcialidad de esas corporaciones. La excepcional divergencia entre ambas, por otro lado, viene a verificar el violento avance del Ejecutivo por sobre la justicia ya que:

“Una Justicia cada vez más dócil y obediente del Poder Ejecutivo no sólo será funcional a las políticas kirchneristas, sino que resultará esencial para otorgarle impunidad en la enorme cantidad de causas de corrupción que comprometen al oficialismo y que, al menor impulso investigativo, no hacen más que acumular pruebas sólidas”

Se reafirmaría entonces la necesaria intervención de La Nación, que no debe ser entendida más que como un empujoncito paternal con el cual busca encarrilar a la justicia ante los desvíos a los que la seduce el kirchnerismo, especialmente teniendo en cuenta que: “hay que reconocer que hubo circunstancias en que la propia Justicia no estuvo a las alturas de los desafíos. Por ejemplo, el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la ley de medios audiovisuales impulsada por el Gobierno para atacar al Grupo Clarín.”

No es que La Nación pretenda someter al poder judicial a los criterios de justicia que mejor sirven a sus intereses, es que a veces los jueces necesitan que se les recuerde como ser independientes.